Ley Antifraude. En el año 2018, el gobierno español presentó un proyecto de ley de medidas de prevención y control contra el Fraude Fiscal.

Siendo retomado recientemente con el objeto de llevarlo al Senado, para que este dé su visto bueno. Al texto hubo necesidad de agregarle algunas enmiendas, para que la norma quede culminada y pueda entrar en vigor.

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Esta ley recibe el nombre de ley antifraude”, ya que versa sobre la materia, donde se incluyen algunas subidas potenciales, de orden impositivo hacia el logro de un mayor control relacionado con las criptodivisas, la contabilidad empresarial y los pagos en efectivo.

Por esta razón, el Ministerio de Hacienda estima que la recaudación se elevará aproximadamente en unos 828 millones de euros anuales, lo cual resultaría una novedad en el ámbito fiscal.

El coste de los pisos

Dentro de la Ley se establecen cambios de bases imponibles, los cuales pueden ocasionar una elevación de impuestos cuando se trata de patrimonios.

Es una medida que está también dirigida a transmisiones patrimoniales, sucesiones, actos jurídicos documentados y donaciones.

La meta de esta norma es finiquitar la litigiosidad, la cual produce afección a los valores que poseen referencia inmobiliaria y que son usados en estos tributos, quienes en tiempo pasado se ocuparon de gravar el “valor real” de los pisos.

Tal concepto fue desestimado por el Tribunal Supremo, ya que este solicitaba regirse según los valores del mercado, lo que condujo a la Hacienda a la imposición de un nuevo valor totalmente individualizado, tomando en cuenta los datos disponibles en el Catastro.

Esta situación ha provocado que los asesores fiscales denuncien que dicha modificación traerá como consecuencia un incremento en la tributación.

Hacienda, por su parte, manifiesta que a la final el coste será menor que el uso del valor de mercado, el cual será impuesto por los tribunales, cuya meta es aminorar los litigios judiciales.

La referencia resultará novedosa, ya que será diferente al valor catastral, sin afectar los tributos que tienden a regirse por este concepto, tales como el IBI y el IRPF.

Acuerdos sucesorios

La norma, al ser aplicada, deberá ejercer un estricto control referido a las operaciones abusivas detectadas por la Dirección Nacional de Tributos y a los pactos sucesorios o herencias en vida, las cuales tienen disponibilidad en aquellas regiones que tengan un Derecho Civil propio, como, por ejemplo, en las regiones de Galicia, Navarra, Cataluña, País Vasco y Aragón.

Originalmente, lo que se pretendía era el impedimento del traspaso de un bien, por una vía que creara un supuesto de actualización de su valor en el momento de ser entregada, tratando de evitar que el receptor obtuviera algunas ventajas fiscales sobre los demás.

Es decir, una persona que decida la venta de un inmueble, estará obligada a tributar por las plusvalías originadas desde su compra, hasta que se efectúe el traspaso.

Con la vigente ley, si un hijo lo recibe como si fuera herencia en vida, tendrá la potestad de venderlo inmediatamente por el precio al que esté valorado en el pacto sucesorio, lo cual no contrae el pago de ningún impuesto, ya que no ha incurrido en ninguna plusvalía.

En un principio, esta formalidad quería ser erradicada con la nueva ley, pero el Senado solo aceptó regular el plan a través de una enmienda para mantener la ventaja fiscal, con la condición de que el receptor no puede enajenar el inmueble dentro de un límite de 5 años o hasta que ocurra el fallecimiento del donante.

Cancelación en efectivo

El cambio más trascendental de la norma, consiste en que se rebajará de 2500 a 1000 euros, limitando el pago en efectivo cuando se trata de operaciones entre empresarios, pero se mantiene en 2500 euros cuando se trata de abonos efectuados por particulares.

Esta medida pretende erradicar el fraude fiscal en aquellas operaciones que son difíciles de rastrear, por ello, reduce a sí mismo de 15.000 a 10.000 euros el límite de pago en metálico entre aquellos particulares que tengan domicilio fiscal fuera de España.

Criptodivisas

Esta ley tiene la potestad de obligar a los contribuyentes a dar información en cuanto a la tenencia de monedas virtuales, bien sea en España o fuera de ella, y qué tipo de operación realiza con estas.

Deveran ofrecer todo tipo de detalles en cuanto a adquisiciones, traspasos, saldos, transferencias, permutas, cobros y pagos efectuados con criptomonedas, cuyo fin es aumentar el control tributario referido a este tipo de fondos digitales.

Amnistía Fiscal

Las amnistías fiscales serán prohibidas por la norma, lo que constituye un veto a la idoneidad del gobierno, para impulsar extraordinarios mecanismos de regulación tributaria, como impulsado por el Ejecutivo en el año 2012.

Lista de morosos

Obviamente, el control y la regulación acrecentarán el listado público de morosos que se producen anualmente según la Hacienda.

Cuando se rebaje el umbral, serán incluidos los responsables solidarios de la deuda contraída, buscando acertar hacia los verdaderos responsables que tienden a ocultarse tras los testaferros.

Paraísos Fiscales

La norma logró ampliar la definición de paraíso fiscal, donde se incluyen a todos aquellos que faciliten la formación de sociedades sin operativa real, que cobren impuestos muy bajos, cuyo nombre cambia a “jurisdicciones no cooperativas”.

Medidas y contabilidad en B

Esta ley también penalizará la tenencia y producción del software que tenga doble uso, sobre todo, los programas informáticos que faciliten la manipulación de la contabilidad oficial de cualquier empresa o que decida mantener alguna en B.

Paralelamente, la norma incluye, asimismo, otras medidas contra el fraude fiscal y la elusión, así como también la regulación de todos los registros domiciliarios cuya competencia está delegada en los inspectores fiscales, con el fin de acabar con la inseguridad jurídica, lo que ha originado que el Tribunal Supremo exija que estas pesquisas sean justificadas, anticipando al contribuyente la existencia de cualquier procedimiento que se deba seguir.

La Asociación de Técnicos de Hacienda, aspiran que la norma contemple las enmiendas presentadas con la finalidad de aumentar la exigencia técnica por parte del personal de la Agencia Tributaria.

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