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A través de información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se conoció que ya están listos los novedosos estándares regulatorios para Bitcoin (BTC), proveedores de servicios de activos digitales y criptomonedas.

Dicho organismo tiene previsto darlos a conocer durante el mes de octubre. Este anuncio es producto de largas discusiones y aplazamientos que se realizaron para lograr el acuerdo definitivo.

Glosario del contenido del artículo:

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La publicación del reglamento ya tiene fecha prevista. Según la firma XReg Consulting, dedicada a las políticas y estrategias en servicios financieros, específicamente referido al campo de los criptoactivos, la mora ocurrió porque el tiempo no era suficiente para deliberar y procesar la cantidad enorme de respuestas que recibieron.

En la actualidad, el organismo ha logrado compenetrarse después de varios meses de asambleas y reuniones, siendo su enfoque más relevante el relacionado con la cuestionada “regla de viaje” y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), de acuerdo a un informe presentado en época reciente.

El grupo informó, además, que poseen una guía definida para darle cabida a la concesión de licencia y registro del VASP.

Referente a la regla de viaje, la guía incluye algunos principios de intercambio de cooperación e información entre los diferentes supervisores de VASP.

Es una guía totalmente actualizada, cuyo objetivo es proporcionar ayuda a los países, incluyendo al sector privado, para que este tenga la oportunidad de implementar todos los estándares del GAFI.

Además, el grupo espera que, tanto el sector privado como los demás países, sirvan de multiplicadores en cuanto a los estándares relacionados con los activos virtuales y el VASP, en la medida de lo posible.

¿Qué se conoce por VASP?

Los VASP están considerados como aquellos proveedores de servicios de activos virtuales, y su operativo consiste en actuar como plataformas de soporte, de intercambio o de desarrollo de criptomonedas.

Funciones del VASP y del GAFI

Es trascendental dar a conocer que la regla de viaje es una normativa que debe ser adoptada por todos los proveedores de servicios que tengan como función activos virtuales, destacando entre ellos, los Exchanges.

Su función primordial es compartir toda la información recopilada dentro del grupo, con respecto a los usuarios que realizan operaciones superiores a los USD 1000.

Por su parte, las funciones de los VASP están conformadas por los diferentes servicios empleados como plataformas de intercambio, desarrollo o soporte de criptomonedas.

GAFI

En este sentido, el organismo expresa que, prestará toda la atención adecuada supervisando de cerca los activos virtuales, cuya finalidad es detectar cualquier cambio o modificación que requiera una revisión más minuciosa o una aclaración inmediata atendiendo a lo contemplado en la nueva guía.

Para ser más explícitos, la vigilancia incluye a las stablecoins, tokens no fungibles (NFT), finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens.

Es importante acotar que el GAFI es un grupo que tiene como función luchar contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo a nivel universal.

Adicional a ello, el GAFI es un organismo de renombre internacional, con sugerencias no contempladas como normativas, por lo tanto, no establece leyes.

Esta responsabilidad le compete a cada jurisdicción.

Sin embargo, los países miembros tienen la tendencia a acatar las recomendaciones dadas por el grupo, a los fines de evitar cualquier sanción o ser incluidos en las llamadas “listas negras”.

El cuestionamiento de la regla de viaje

El cuestionamiento de la regla de viaje es realizado por diferentes actores que componen el mundo de las criptomonedas, estos la califican como una vulneración a la privacidad de los usuarios.

Uno de sus más conocidos críticos es Coin Center, quien ha dado a conocer su punto de vista en reiteradas ocasiones, cuestionando de manera abierta dicha regla.

Realmente se trata de una organización creada para abogar por los derechos de los usuarios, específicamente sobre las redes blockchain abiertas, de acuerdo a información suministrada por CriptoNoticias.

Todos en su mayoría sostienen que de alguna manera la regla vulnera la privacidad de los usuarios de bitcoin, proveedores de servicios y criptomonedas, incluyendo a los que permiten intercambios P2P.

Asimismo, otro sector perteneciente a la Comunidad Bitcoiner, mantiene la opinión de que las medidas relacionadas con el antilavado de dinero que han sido propuestas por el GAFI, han generado consecuencias muy graves, referidas a términos de exclusión financiera, burocracia, fricción comercial, adecuación normativa y violación a la privacidad, entre otros aspectos.

Actuación del GAFI en la actualidad

El GAFI, como grupo financiero internacional, estableció una modificación en su recomendación número 15 (de 40), la cual está enfocada a las últimas tecnologías, cuyos fines son minimizar todos los riesgos asociados a aquellas operaciones relacionadas con los activos virtuales.

Su objetivo es poseer una supervisión y regulación hacia los proveedores activos, tales como los exchanges, los cuales se dedican a la compra-venta de criptoactivos, también hacia el Bitcoin, el Ripple o Ethereum.

El GAFI informó, además, la adhesión donde detalla cómo debe ser la aplicación de sus estándares a las operaciones de valor.

De acuerdo con el GAFI, algunas naciones como por ejemplo México, deben asumir los activos virtuales como ingresos, propiedad, fondos o cualquier otro valor correspondiente.

Además, los países deben estar prestos a evaluar, identificar y entender los riesgos que contraen el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado, los cuales en muchas oportunidades surgen de las actividades que se realizan con estos activos.

Para el GAFI en los países, todas estas actividades deben tener una proporción, exigiendo a los proveedores supervisión y control de estos activos virtuales.

Asimismo, de acuerdo a su posición, sostiene que los activos virtuales como los exchanges, deben tener una regulación y control jurisdiccional, además de contar con una estricta vigilancia por parte de las autoridades para hacerle seguimiento a sus operaciones.

Estas actividades deben estar sujetas a un monitoreo constante, cumpliendo con la normativa establecida y adecuándose solo a los servicios plenamente autorizados y supervisados de forma permanente, a los fines de mitigar los riesgos.

Para ello, los supervisores deben tener la potestad de aplicar sanciones disciplinarias y financieras.

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